La paja en el ojo ajeno...

La Iglesia condena que el Estado pretenda moralizar o imponer una moral que los sujetos no eligen, con la nueva asignatura "Educación para la ciudadanía". Reclama que no es propio de un Estado democrático tratar de adoctrinar a nadie y llama a la rebelión, por todos los medios legítimos, contra la nueva materia obligatoria en la enseñanza.

Es cierto, estoy totalmente de acuerdo en que en una sociedad que pretende ser democrática y respetuosa con las libertades, el derecho a la libertad de conciencia y al libre desarrollo de la personalidad deben ser valores protegidos, y que el adoctrinamiento y el lavado de cerebro son métodos que atacan directamente al sujeto, y, por tanto, ilegítimos.

Ahora bien, me planteo dos dudas: ¿puede la Jerarquía de la Iglesia católica críticar el adoctrinamiento? y segunda y quizás más concreta en el caso ¿puede, atendiendo a los contenidos de esta nueva materia, acusarse al Gobierno de querer adoctrinar a los niños y adolescentes? Para responder a la primera pregunta basta con adentrarse en el pasado más reciente de la institución para percatarse de la incoherencia de la acusación. La segunda tiene, quizás, una respuesta más compleja, porque requiere haberse interesado por los contenidos de la futura asignatura.

Es necesario distinguir entre valores de la ética privada y de la ética pública. Los primeros son aquéllos "propiedad" del sujeto individual, los que marcan su comportamiento y que pertenecen a su propia conciencia, a su núcleo interno, en el que el Estado no puede ni debe interferir. Los valores de la ética pública, en cambio, son los que contiene e incorpora el Estado y el Derecho, aquellos que rigen en la convivencia de la sociedad. Es decir, los valores de la ética pública no imponen una moral al sujeto, sino que son los valores que rigen la convivencia en sociedad. Los valores de la ética pública en ningún caso imponen al sujeto ser mejor o peor persona, ser tolerante, ser perverso o un modelo de felicidad; pero si prohíben la discriminación por razón de raza, sexo o religión, buscan la paridad entre hombres y mujeres, protegen la libertad de los individuos frente a intromisiones del Estado o de terceros, etc. Pues bien, estos valores de ética pública son los que busca enseñar educación para la ciudadanía.

La pregunta es ¿adoctrina el Estado enseñando estos valores? Parece evidente que no. Porque decir que sí, supondría lo mismo que decir que el Estado adoctrina cuando legisla. Pues una educación basada en los valores públicos que se desprenden de la Constitución, de las leyes y de demás normas jurídicas, es una educación prioritariamente ontológica y no deontológica (y, por ello, no supone el adoctrinamiento perverso que invoca la Iglesia).

Pero daré un paso más allá, y aceptaré que el Estado corra el peligro de estar adoctrinando con la enseñanza de estos valores. Habrá que entrar al contenido de los mismos para a qué ideario responden, si tal y como acusa la Iglesia se trata de valores laicistas y que vulneran la libertad de enseñanza y de conciencia, o si, por el contrario, responden a los valores propios de un Estado social y democrático de Derecho, inspirados en el denominador común de todos los países occidentales y desarrollados: los derechos fundamentales. ¿Alguien discute estos derechos? Como parece ser que la respuesta es no, los tomaré como un parámetro de moral pública que en ningún caso sería discutible.

Entonces, ¿qué tiene de perverso enseñar el respeto al Código de la circulación? Parece que ninguno. ¿Qué tiene de adoctrinamiento enseñar la igualdad entre hombres y mujeres? Entiendo que nada. ¿Y la tolerancia hacia otras opciones ideológicas, políticas o sexuales? Creo que es evidente que siguen siendo valores positivos y que compartimos todos.

Basándonos en lo anterior ¿en qué se fundan las voraces críticas de la Iglesia? ¿Qué teme la Conferencia Episcopal? Sólo se me ocurren respuestas más que criticables.

- Puede ser que los obispos rechacen la enseñanza de valores de tolerancia que ellos no comparten. Véase, la tolerancia a la opción sexual de cada uno, la igualdad entre hombres y mujeres, el respeto al libre desarrollo de la personalidad de cada uno y su posibilidad de elegir qué camino le hace más feliz en esta vida.

- Otra opción sería que temieran la pérdida del monopolio moral y religioso que la Iglesia Católica española ha pretendido siempre sobre este país. Valores que atacan sus dogmas, son valores que atacan directamente su autoridad moral, pues dejan en evidencia su anquilosamiento y su actitud retrógrada frente a una sociedad que avanza hacia el respeto del individuo. E insisto, la moral pública se basa en los derechos humanos, no en valores laicistas.

- También puede prever la Conferencia Episcopal una pérdida de influencia en la sociedad con la pérdida de relevancia académica de la Religión y la obligatoriedad de esta "competidora". Pero ¿es el Estado responsable de la pérdida de fieles? No, el Estado, como Estado laico, no puede fomentar ningún credo, ni perjudicarlo, así que la evolución del catolicismo en España responderá a la propia gestión espiritual y terrenal de la Iglesia.

- Y finalmente, una evolución del Estado hacia la laicidad (que no laicismo) supondría, definitivamante, la pérdida del dinero que, directamente, va de las arcas del Estado a la Iglesia Católica, y que los fieles tuvieran que sustentar, completamente, los gastos de la Iglesia. Y por la pérdida de los recursos económicos, sí que no pasa la Jerarquía Católica...

Y concluyo atendiendo a la primera pregunta que me hacía ¿está legitimada la Iglesia para acusar de adoctrinar? La Iglesia que durante tantos años fue cómplice de la imposición de la religión católica como religión oficial de la dictadura, la Iglesia que amenaza con el "pecado" al que no cumpla sus designios (¿hay castigo más grave que el pecado, que te condena eternamente?), la Iglesia que predica el amor al prójimo y que Dios nos quiere tal y como somos pero condena la homosexualidad, condena el sexo si no es para la procreación, condena el divorcio, la Iglesia nos dice que nacemos con un pecado a nuestras espaldas (¿qué complejo de culpa pretenden crearnos desde bien, bien pequeños?), la Iglesia que cree que puede exigirle a las Cortes que legisle conforme a su arcaica concepción de la moral (como hizo con el divorcio, con el matrimonio homosexual o como está haciendo con la LOE)...

¿De verdad puede la Iglesia acusar de tratar de imponer una moral?

La incoherencia me resulta evidente.