Tras las últimas elecciones municipales del 27M, Mariano Rajoy ha presentado una medida de gran calado (olvidando el tema del terrorismo, bien por él) y de gran relevancia electoral: la necesidad de contar con, al menos, el 30% de los sufragios para poder formar Gobierno. La medida es de mucha trascendencia, sin duda. Y polémica, porque el PP sería su pricipal beneficiario.
Esta opción por la que apuestan los populares deja entrever su lectura de las últimas elecciones: han ganado en votos pero han perdido poder. Y permite observar un detalle político: el PP es, a día de hoy, un partido con grandes dificultades para pactar.
Las opciones electorales son muy diversas y la perfección electoral es utópica. Lo que favorece la pluralidad y la proporcionalidad puede perjudicar la gobernabilidad, y favorecer la creación de gobiernos supondrá sacrificar la diversidad de opciones. Y es cierto que la crítica de Rajoy se basa en un fenómeno irritante democráticamente. Un partido con tres o cuatro escaños chantajea sin pudor a los mayoritarios, obteniendo un beneficio electoral por su apoyo, proporcionalmente, mucho mayor que el que en términos racionales le correspondería. El apoyo electoral se torna una mercancía sujeta al mejor postor. ¿Un ejemplo? Baleares.
La reforma es muy sensible, pues la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) es un pacto preconstitucional de los partidos políticos, y este "gran acuerdo" le da un significado consensual casi místico, que refuerza y torna muy exigentes las posibilidades de modificación.
A mi, en todo caso, de la ley electoral me "perturba" otro aspecto de gran sensibilidad, mayor aun, probablemente, que la reforma propuesta por el PP. En el último Debate sobre el Estado de la Nación, tras la participación de los grandes partidos, comienza el turno de intervenciones de las minorías. Y salvo Izquierda Unida el resto de minorías representan a partidos nacionalistas. Partidos que encuentran lugar en el Congreso de los Diputados olvidando que es una cámara que representa a todos los ciudadanos españoles (a todos y cada uno de nosotros, seamos de Madrid, Barcelona, Lugo o Teruel) y en la que cada uno de los Diputados representa a todos los ciudadanos (y no sólo a aquellos que le han votado ni a aquellos de la circunscripción electoral en la que ha sido elegido). Y ese olvido es manifiesto cuando Na-Bai se dedica a hablar única y exclusivamente de Navarra, ERC y CIU de Cataluña, Coalición Canaria de las islas y demás.
Esta perversión de lo que significa el Congreso de los Diputados hipertrofia el papel de los partidos nacionalistas y regionalistas y entrega a estos partidos un altavoz con el que no cuentan las regiones sin este tipo de representación. Y cuando no es un altavoz, puede ser un instrumento político real para beneficiar a sus Comunidades Autónomas, vendiendo su apoyo al partido (PP o PSOE) que aspire a la presidencia a cambio de logros que posteriormente rentabilizarían en sus regiones. La LOREG ampara estas maniobras abusivas y beneficia la existencia de partidos sin aspiración de gobernar, sino de hacer política de corto plazo, de poco pensamiento de Estado y de mucho interés partidista, y de acuerdos fáciles. De lograr medallas a nivel nacional que poder vender caras en las elecciones autonómicas, en donde sí pueden lograr cargos institucionales.
Entiendo que, de algún modo, se ha intentado integrar a los partidos nacionalistas en el sistema, hacerles partícipes de un sistema jurídico-político que calmase sus ansias secesionistas y soberanistas, o las menguara en la medidad de lo posible. Pero la integración es adecuada si estos partidos asumen que participan en un sistema que supera sus regiones y sus Comunidades, y entienden que no sólo representan a sus electores, sino al conjunto de España y a sus ciudadanos. De lo contrario están traicionando el espíritu de la Ley Electoral. Jurídicamene es complicado obligar a pensar e interesarse en un país que muchos de ellos rechazan o hacer una política que no les es rentable electoralmente, así que debería buscarse alguna solución que resolviese esta circunstancia.
Quizás podría encontrarse por medio de una profunda reforma del Senado, conviertiéndolo en una auténtica cámara de representación territorial, pero me temo que los partidos que salen beneficiados con el actual sistema no aceptarían pasar por ese aro...



